Trabajadores organizados, colectivos y organizaciones sociales de la Comarca Lagunera emitieron un posicionamiento público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que exigen justicia por los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo de 2026 en la comunidad de Dinamita, Durango.
En el documento, los firmantes señalaron que el conflicto en dicha comunidad debe atenderse conforme a derecho y mediante una mesa de diálogo con autoridades federales, así como con el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.
El posicionamiento advierte que la situación deriva de presuntas condiciones de explotación laboral, falta de seguridad social y despidos sin indemnización, además de señalar la existencia de sindicatos “blancos” y una supuesta colusión entre autoridades y empresarios.
Asimismo, denunciaron actos de represión durante una protesta realizada en Dinamita, donde, aseguran, participaron corporaciones policiales de distintos niveles de gobierno.
De acuerdo con el documento, estos hechos vulneran derechos fundamentales como la integridad personal, la libertad de expresión, el derecho a la manifestación y el debido proceso.
Las organizaciones criticaron el enfoque de las autoridades al priorizar la “estabilidad económica” sobre la atención de las problemáticas sociales de fondo, y señalaron que el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta agravan los conflictos sociales en lugar de resolverlos.
Entre sus principales exigencias, solicitaron la liberación inmediata de las personas detenidas tras los hechos, el cese de actos de hostigamiento y represión, así como el respeto a los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la región.
El documento también incluye una lista de 24 personas consideradas por los firmantes como “presos políticos”, cuya liberación demandan de manera inmediata e incondicional.
El posicionamiento fue respaldado por diversas organizaciones y colectivos de la región lagunera, quienes reiteraron su llamado a privilegiar el diálogo y la justicia social para la resolución del conflicto.